Hay decisiones políticas que, auque pudieran ser muy legítimas o competenciales, tienen consecuencias nefastas para la vida de los ciudadanos en un momento econónimo especialmente difícil para todos.
Política y educación no son un buen binomio. La primera, más que facilitar y mejorar la segunda, muchas veces acaba por enturbiarla y entorpecerla. Y en el tema que se ejemplifica sobre el profesorado de Religión, aún más si cabe, pues no sólo se trata de un tema educativo sino también de cuestiones laborales que afectan a estos docentes y a sus familias. Mucho se podría decir sobre las injerencias ideológicas de los políticos pero lo resumimos con la siguiente frase de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014: "No queremos políticos que tomen todas sus decisiones con el único objetivo de imponer sus ideologías, lo que queremos es que escuchen a la gente"
Pero escuchar a la gente no debe ser fácil; de hacerlo, de hecho, no se hubieran tomado decisiones que no parecen valorar la elección libre de quienes, amparados por el derecho internacional y nuestra Constitución, eligen la materia de Religión católica para sus hijos e hijas.
Valorar dicha elección libre y opción educativa por el conocimiento religioso para adquirir una verdadera formación integral, no parece ser coherente con discriminar al alumnado que la cursa (ya que quien no tiene la materia de Religión dedica ese tiempo a jugar en el recreo, a no hacer nada o a no saber lo que hacer porque se ha suprimido la materia alternativa - perdiendo la oportunidad de la materia espejo en valores-).
Tampoco parece que se valore mucho a quienes eligen aprender valores religiosos, la aportación de la religión al conocimiento y al arte, si se decide reducir la carga lectiva de cada curso de ESO a una sola hora (como ha ocurrido recientemente en Castilla - La Mancha); no teniendo en cuenta que por criterios estrictamente pedagógicos una materia debe tener un mínimo de dos horas lectivas semanales si se apuesta por una educación de calidad.
Pero, como se decía al comienzo, no hablamos exclusivamente de un tema educativo sino que, también hay muchas cuestiones laborales que dejan en evidencia situaciones de discriminación y precaridad (no exclusivas de CLM pero que en esta Región se han agravado tras la segunda reducción de la carga lectiva de ESO que han realizado los gobiernos presididos por el PSOE).
El estatus del profesorado de Religión parece discriminatorio en cuanto que no se quiere establecer el acceso a la enseñanza pública por concurso-oposición, como hacen el resto de docentes (pese a que en España este profesorado cuenta con la titulación civil equivalente al nivel educativo en el que va a impartir la docencia de Religión). No obstante, ya en diversas comunidades autónomas, este acceso se realiza por concurso de méritos como personal laboral docente y en cuestiones salariales se equiparan a los docentes interinos.
En el Art. III del Acuerdo internacional de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede se dice "Los profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros". Sin embargo, se impide que el profesorado de Religión ejerza otras funciones docentes contempladas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina que "los profesores de religión pueden ostentar puestos directivos en el centro -vicedirector, secretario y jefe de estudios-, si bien con carácter excepcional por no ser funcionarios de carrera, así como ser jefes de departamento de religión y tutores de un grupo de alumnos, teniendo derecho a los oportunos descuentos lectivos".
Sin posibilidad, por tanto, de ser funcionario de carrera. Ni desarrollar carrera profesional (ya que no se puede progresar en forma alguna).
A las cuestiones laborales anteriores, se añade que la decisión de reducir la carga lectiva en ESO al mínimo legal de una hora en CLM, ha supuesto que se pierdan jornadas completas aún siendo empleados públicos indefinidos durante años. Se pierda la posibilidad de acceder a tener una jornada completa puesto que las horas lectivas de Religión de los IES se han reducido considerablemente.
El profesorado de Religión, con mucha diferencia, son los docentes que más grupos de alumnado atienden; que más alumnos tienen en general (varios cientos); y la única optativa que es mayoritariamente elegida por el alumnado (casi el 70% en CLM). Y todo ello no garantiza una adecuada situación laboral como empleado público de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, ya que priman las jornadas parciales (incluso de menos de media jornada por debajo del salario mínimo). Por lo que es urgente que se pongan en marcha medidas correctoras y compensatorias que mejoren la situación laboral de un profesorado entregado y capaz, que transmite valores muy necesarios para la convivencia.
Urgen medidas que reflejen una preocupación real por las mujeres (mayoritarias en este colectivo) o la escuela rural (compensando a los docentes de Religión que optan por el ámbito rural). Incluso por la igualdad, sin excluir al profesorado de Religión del reciente Acuerdo de itinerancias en CLM. Y paliando la reducción del salario ocasionada por la reducción de la carga lectiva en ESO (decisión no consensuada con los sindicatos - Art. 7 del Convenio).
En el ámbito educativo se suele tener como referencia a Finlandia, aunque quizá los responsables político-educativos de nuestro país prefieran seguir ignorando el valor educativo de esta materia (dejándola sin valor académico, aunque ello suponga una nueva discriminación para quienes la cursen) aunque la misma se debería tratar "en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales" (RD de 16 de diciembre de 1994). Toda intepretación, política, judicial o educativa parece tener cabida al tratar este tema. Lo cierto es que no parece que algunas decisiones reflejen el valor educativo de la materia; ni dichas decisiones cuiden laboralmente a quienes la imparten.
Finalizamos retomando el comienzo de esta entrada, afirmando que las decisiones políticas "legítimas" tienen consecuencias de todo tipo; quizá quienes las toman no hayan considerado la mayoritaria acogida y valoración tan positiva que los ciudadanos hacen tanto de la materia, como de su profesorado.
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